COPARTICIPACIÓN DEFICITARIA

Sistema tributario en la Argentina

 “Quienes en este momento ejercen el poder y tienen fuerza para convertir en ley sus decisiones, deben asumir la tremenda responsabilidad de la política económica. (…) En la reforma económica está el secreto de nuestro porvenir libre o esclavo...” Arturo Jauretche

Desde hace un tiempo que los diarios informan sobre el rojo de los presupuestos provinciales. Dicha situación lleva a que la mayoría de los gobernantes elija como estrategia para salir del ahogamiento fiscal, el endeudamiento o algún aporte en términos de asignación especial u obra pública proveniente del Estado Nacional.


Las principales urbes del país hoy se ven asediadas por los rojos de sus presupuestos. Tales son los casos de Bs. As., Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras.

El gobernador cordobés, De la Sota, debió suspender la colocación de bonos por 200 millones de dólares por las altas tasas de interés. Buenos Aires debió aprobar un paquete tributario de último momento para hacer frente a los pagos de sueldo y los intendentes debieron desdoblar el pago de los sueldos y postergar obras ya comenzadas. Y Santa Fe tiene un rojo en sus cuentas de 422,53 millones de pesos que pretende atenuar a partir de un ajuste presupuestario.

Dicha falta de recursos propios para solventar los gastos es producto fundamentalmente, de la ausencia de un plan estratégico industrial que permita desarrollar las fuerzas productivas dentro de las distintas regiones de nuestro país, y del sistema tributario coparticipable establecido en la Reforma Constitucional de 1994.

Breve reseña histórica

El período previo a la formación de nuestro Estado Nacional se caracterizó por el control de la Aduana por parte de Buenos Aires, siendo ésta la fuente más importante de recursos tributarios. Las arcas porteñas eran engrosadas con los gravámenes aplicados al comercio exterior. El interior estaba subordinado a los designios de la ciudad puerto, que concentraba la renta producida por todo el país, condenando a la miseria a los pueblos provincianos, que mediante sus caudillos, pugnaban por la distribución de los recursos a partir de la nacionalización de dicha aduana.

Recién en la consolidación de nuestro Estado, se federaliza definitivamente el puerto. Es aquí donde se unifica la moneda y se puede considerar establecido un sistema tributario único. Ya la renta aunque sigue proviniendo del puerto en la incorporación del país al mercado externo como exportador de materias primas, se le suma la del ferrocarril, la incorporación de nuevas tierras a partir de la batalla contra el indio entre las más destacadas.

Sin embargo es recién en el peronismo que se instaura por primera vez políticas de redistribución del ingreso a partir del cobro de los tributos, luego de años de desorden fiscal donde los impuestos indirectos aportaban el 94% de lo recaudado. Se estableció un ajuste de la tasa del impuesto a los réditos, se creó la DGI (Dirección General Impositiva) y fue perfeccionado el sistema de coparticipación a partir del refuerzo de la imposición coparticipable y la reasignación explícita de una parte de los recursos de las provincias más avanzadas a las menos desarrolladas.

A partir del golpe cívico militar de 1976 comienza un proceso de regresión del sistema tributario, que será profundizado con el menemismo a partir del establecimiento de la coparticipación federal en la Reforma Constitucional de 1994. 

“En la reforma económica está el secreto de nuestro porvenir libre”

El régimen coparticipable establecido constitucionalmente en el artículo 75 impone que los impuestos externos son exclusivos de la Nación, mientras que todos los impuestos internos pertenecen a la masa coparticipable, con excepción de las asignaciones especiales que disponga el Congreso.

Dicha situación implica que la Nación recauda lo producido de los gravámenes y los distribuye, entre el Estado Nacional y todas las provincias, y luego entre ellas de acuerdo a distintos criterios.

La inexistencia de una ley que reglamente el sistema de reparto y determine los criterios objetivos a los que alude la Constitución ha llevado a una completa sumisión de las provincias a los designios del gobierno nacional de turno.

La referida reforma constitucional permitió que las provincias estuvieran condicionadas a aceptar el modelo convertible, con sus ajustes, privatizaciones y reforma del estado, debido a que aquellos gobernadores que se resistieran podían ver disminuidos drásticamente los ingresos provinciales con las consecuencias perjudiciales que dicha situación trae aparejada para el bienestar general de la población, pero también con respecto a la posibilidad de aquellos de mantenerse en el poder.

Para Mendoza este régimen ha implicado entre otras cosas que hoy salga a endeudarse por unos $ 1.500 millones para no frenar obras públicas ya iniciadas de gran envergadura (el Memorial de la Bandera, el Palacio Provincial de la Cultura de Guaymallén, el Palacio de Justicia de San Martín y la segunda etapa del Metrotranvía). Sin embargo tiene previsto realizar el gasoducto compartido con San Juan, la planta potabilizadora Benegasy la planta compresora de gas norte, entre las más destacadas.

El ministro de infraestructura provincial, Baldasso, dijo “las 12 líneas del plan de vivienda suman entre 500 y 730 millonesde pesos. Dependiendo de lo que llegue es lo que vamos a destinar al IPV”.

Los rojos provinciales tienen su explicación en la necesidad de realizar modificaciones estructurales a la economía que permita una industrialización de las distintas regiones de nuestro país para que las provincias puedan afrontar sus gastos a partir de recursos endógenos.

Planificar el futuro económico y social de una provincia sin recursos genuinos, es no tener proyectos reales más que buenas intenciones.

Garantizar una mayor estabilidad de los sistemas financieros provinciales, mediante la implementación de un importante aumento de la coparticipación, a efectos de reducir la dependencia del Tesoro Nacional es lo que debería plantearse en una reforma del sistema tributario heredado de los noventa, que implique una mayor autonomía provincial y municipal de recursos.

De esa manera la política económica puede determinar la democratización de nuestro país con un carácter federal que propicie aquel porvenir de libertad.