Los docentes mendocinos rechazaron el aumento del 26,5% en dos cuotas que les ofrecía el Gobierno este martes 12 de febrero y
confirmaron el paro por 72 horas, que se cumplirá desde el miércoles 13 hasta
el viernes 15.
Hace unos días, el gobernador Francisco Pérez advirtió la
posibilidad de dar un corte al conflicto aumentando por decreto un 22% en tres pagos a los trabajadores de la Educación.
"No nos dejaremos amedrentar. El descuento de los días
de paro, la conciliación obligatoria, ahora el aumento por decreto son todas
estrategias para presionar a los compañeros. Las repudiamos. Lo que le tiene
que quedar en claro a la señora Vollmer (directora general de Escuelas) y al
Gobierno es que, si hay decreto, tendrán conflicto con los docentes todo el año",
apuntó el secretario del SUTE, Javier Guevara en respuesta a las declaraciones
del Gobierno provincial.
La secretaria general del gremio que nuclea a los docentes
de escuelas privadas, Sadop, María Elina Escot, ratificó que este sector de la
Educación mendocina también se sumará al paro de 72 horas, "estamos en el
mismo plan de lucha, el cual ya se acordó en las asambleas pasadas. Con
bastante convicción, los trabajadores vamos a participar de esta medida de
fuerza", expuso la gremialista.
El gobernador Francisco Pérez marcó su postura con respecto
a las paritarias que se llevan adelante en la provincia. Advirtió que "no
se pueden hipotecar las cuentas públicas" para llegar al porcentaje de
aumento que piden los gremios y pidió que se busquen acuerdos "lo más
razonables posibles".
Con este conflicto en ciernes, miles de niños no arrancarán
el ciclo lectivo 2013 en tiempo y forma. Sin embargo desde el ejecutivo
principalmente, pero también desde el gremio de mayor cantidad de afiliados en
la provincia, no han podido generar soluciones al problema de fondo.
Por un lado se plantea un aumento (por demás legítimo) de
los sueldos y por otro lado se plantea la falta de recursos para lograr
satisfacer las necesidades gremiales.
Uno de los aportes más importantes que dio el sindicalismo a
la Argentina fue su programa de La Falda, que luego profundizarán en el programa
de Huerta Grande. Ambos en un contexto socio-político muy conflictivo en el país
y en donde la lucha política era mucho más visible que en estos tiempos.
Sin embargo, lo fundamental de dichos programas, fueron la
claridad política de los dirigentes sindicales que, ante gobiernos adversos y
de poco apoyo popular, le ofrecían un programa económico donde no solo
reclamaban mejores condiciones laborales (con el peronismo proscripto y Frondizi
presidente, asumía este un compromiso de acuerdo en base a una defensa de lo
nacional y popular, incluida la devolución de la CGT y la sanción de una ley de
asociaciones profesionales que respetara la estructura y principios del
sindicalismo nacional), sino también le daban “soluciones” a sus reclamos.
La posibilidad de que la provincia de Mendoza e incluso el
Estado Nacional se hagan cargo del proyecto Potasio Río Colorado para
reactivarlo asociándose a un grupo inversor internacional tomó cuerpo este
martes, mientras Vale adoptaba una decisión que confirma su salida de Argentina.
Un planteo que desde la provincia podrían tener más de un
sindicato respecto de dónde sacar dinero para aumentar las arcas provinciales y
de esa manera exigir una redistribución de las riquezas, sería sin lugar a
dudas los recursos mineros provinciales.
Desde los 90 la explotación minera quedó en manos de las
provincias. Esto resultó en que en más de una ocasión, las provincias ahogadas en
sus cuentas y sin contar con un plan industrial nacional sino por el contrario
contando con los recursos de la Coparticipación Federal, realizaran acuerdos
felinos con empresas transnacionales para que realizaran ellas la exploración y
explotación, dejando tan solo el 3% de lo adquirido en sus
declaraciones en concepto de regalías y algunos impuestos cobrados por las
provincias.
Una verdadera reforma del Estado, que modifique las actuales
falencias (llámese legislación minera de los 90, ley de entidades financieras
de la dictadura cívico-militar) para frenar la constante transferencia de
recursos y renta al exterior, pudiendo volcarla a la realización de la economía
nacional, podría ser una forma de salir de la coyuntura y de pensar con
seriedad y justicia en el largo plazo.
Estos son reclamos de una sociedad cansada de burdas discusiones,
donde los grandes medios de comunicación hacen creer que por el aumento de
sueldo (por demás decir exagerado) de algunos legisladores se podría pagar el
sueldo de una masa asalariada de miles.
Es deber de los dirigentes gremiales plantear soluciones a
los problemas salariales, sin caer en las discusiones de ver quién tiene mayores posibilidades
de presión.
Constituir un auténtico programa de gobierno, en este caso
provincial, claramente con sentido nacional, enmarcado en las grandes banderas
históricas del sindicalismo, representaría un verdadero aporte del Movimiento Sindical
en su lucha por la Liberación Nacional y Social de nuestra Patria.
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