"Se hace necesario un urgente, fuerte y estructural
rediseño del Fondo Monetario Internacional para que pueda prevenir crisis y
ayudar a su solución, cambiando el rumbo que lo llevó de prestamista de fomento
a acreedor con demanda de privilegios." Discurso de Nestor Kirchner ante Asamblea General de las Naciones Unidas
en 2004.
El Grupo NML Capital Limited, de Elliot Management y Huntlaw
Corporate Service, un grupo que representa a fondos de inversión, pidieron la
detención de la Fragata Libertad en un intento
por cobrar los fallos que obtuvieron en su favor en las Cortes de Nueva
York por bonos defaulteados.
La Corte Superior local decidió demorar la nave en la capital de la antigua colonia inglesa, en respuesta a una presentación del fondo buitre.
Desde Cancillería se expuso que "el fondo buitre NML
tiene su sede en las Islas Caiman, una guarida fiscal que es una colonia de
Gran Bretaña, desde la cual operan quienes no se someten a las leyes de ninguna
jurisdicción y han sido denunciados tanto por el G20 como las Naciones
Unidas".
Además se precisó que el Grupo NML "pertenece al
especulador internacional Paul Singer y es el principal financista del lobby
que opera en la justicia y el congreso de los Estados Unidos con el nombre “ATFA”
(Grupo de Tareas Argentina) para perjudicar a nuestro país". Desde el
Gobierno se explica que dicho grupo "difunde informaciones falsas para
utilización de algunos medios de prensa monopólicos argentinos, con el objetivo
de extorsionar a la Argentina a fin de obtener ganancias usurarias a partir de
la compra de bonos argentinos por centavos realizada durante la crisis del 2001
y negándose a sumarse al 93 por ciento de los inversores que acordaron la
reestructuración de la deuda".
ATFA es la punta de lanza de lobby de NML y EM en
Washington. Su presidente resulta ser Robert Shapiro, un ex funcionario de la
administración Clinton, ahora venido en representante de los intereses de
fondos buitre. Las acciones de ATFA contra la Argentina le representaron un
gasto en lobby con congresales de más de 3 millones de dólares, y lograron
temporarios congelamientos de fondos del Banco Central y Nación en Nueva York.
"Dicho grupo de lobbistas son los mismos que intentaron
hostigar a la presidenta (Cristina Fernández) durante su reciente paso por
Estados Unidos repartiendo folletos agresivos contra la investidura
presidencial" y que "otra de sus acciones" fue "colocar una
rata gigante en la puerta de la Embajada argentina en Washington mientras se
celebra un nuevo aniversario de nuestra independencia", manifestó
Cancillería.
Pero advirtió que "es decisión de la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner no ceder ante los intentos extorsivos
internacionales y locales que llevan adelante los fondos buitres, y continuará
denunciándolos en distintos foros, tales como el G20, Naciones Unidas, Celac,
Unasur y Mercosur, Gafi y demás organismos multilaterales".
Es conocido el esfuerzo de los gobiernos kirchneristas de
pagar la mayor parte de la deuda externa, con la reestructuración desde 2005 a
la fecha con el 93% de los acreedores.
Por una deuda externa de 7.800 millones de dólares llevadas
a cabo desde el 76 al 2001, se había pagado más de 273.000 millones de dólares
y aún se debían más de 173.000 millones de dólares en concepto de intereses.
La deuda externa representaba el 143,6% de PIB en plana
crisis hasta llegar a cerca del 9% aproximadamente en 2012. Ha representado una
forma de soberanía económica para Argentina y que empezó a lograrse a partir
del gobierno de Néstor Kirchner y continuado por el de Cristina Fernández.
Los gobiernos de corte liberal que tuvo la Argentina
despreciaron la solvencia fiscal y suplía sus desmanes administrativos con la
toma de deuda externa en los mercados financieros internacionales: la última
dictadura del 76 (que además de desaparecer a millares de argentinos, pretendía
instaurar un nuevo modelo económico con Martínez de Hoz y su guardaespaldas
Videla), la pasividad de Alfonsín y los gobiernos de Menem-De la Rúa son
ejemplos más que suficientes y a flor de piel del desprecio de las políticas de
regulación del Estado de estos sectores.
Con políticas de inversión social y un proceso de
industrialización atado al mercado interno y externo se logró esto. Es por eso
que se le puede exigir a este gobierno y no otro la profundización de políticas
ligadas a la soberanía económica, como la salida definitiva de la
convertibilidad, una política de Estado clave en su momento para generar esta
deuda.
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